¿Pase Foral?

Dice la Wikipedia que el tal Pase Foral era una facultad inscrita en el ámbito del Derecho Foral del Reyno de Navarra y las “provincias vascas” para no cumplir las órdenes de la Monarquía española si atentaban contra su legislación propia, los Fueros; también se conocía como Derecho de Sobrecarta en la Nafarroa Alta. Consistía en la norma de “Obedézcase, pero no se cumpla”, que pretendía evitar, limitando el poder real español, que se trastocara nuestra propia legalidad. 

 

Aquella especie de fórmula mágica no pasaba de ser un “derecho al pataleo”, porque en realidad cuando el poder español recibía esa negativa a obedecer por parte de las instituciones vascas, su rey se limitaba a decir: “Bien, tenéis derecho a negaros, pero como el que manda ahora soy yo, adelante con los faroles”. Ese privilegio del derecho teórico a negarse procedía de los tiempos en que, tras las invasiones militares y conquistas territoriales castellanas en los límites orientales del Reino de Navarra (“bocados” actuales por encima y por debajo de las actuales Encartaciones bizkainas), anexión de la Rioja en 1179 mediante el Tratado de Cazola entre Castilla y Aragón, etc., estos últimos decidieron invadir, a finales del siglo XII, todos los territorios orientales desde Araba hasta las costas gipuzkoanas y en el siglo XVI el núcleo de la propia Nafarroa, con lo que nuestra nación vasca, nuestro Estado navarro, perdieron su libertad, su soberanía, su independencia secular, colocando Castilla un Virrey en Nafarroa y “concediéndonos” como privilegios pequeños restos de nuestros propios derechos, como Aduanas Secas en Orduña, Balmaseda, Agurain…tareas de recaudar los impuestos entregando parte a España, mecanismos sucesorios peculares, exención del servicio militar en España, derechos o privilegios a los que llamaron Fueros, que no obstante también anularon tras vencernos en las Guerra Carlistas.

 

Es el momento de recordar, ante tanto adjetivo de “foral” en nuestras instituciones actuales (Diputaciones, Derecho, Comunidad…), que el fundador del Partido Nacionalista Vasco se manifestó enemigo acérrimo de esos fueros. Quien no haya leído las Obras Completas de Sabino de Arana y Goiri o al menos el panfleto que publicó en Febrero de 1897 (puede verse en la biblioteca digital de la Diputación de Bizkaia bajo el título de “El Partido Carlista y los Fueros Vasko-Nabarros”) no tiene más que preguntarle a la IA, quien nos contestará así:

 

“Sabino Arana no fue partidario de los fueros… Rechazó los fueros tras fundar el nacionalismo vasco, considerándolos herramientas de sumisión a España que anulaban la soberanía histórica original de los territorios vascos…

Arana sostenía que las provincias vascas eran naciones independientes y soberanas por derecho propio, mientras que los fueros eran solo un régimen administrativo y autonómico concedido por la Corona española…

Atacó duramente a los carlistas por aceptar la integración foral dentro de España. Acusaba a los fueristas de españolistas…

Para Arana, el objetivo no era la restauración de los fueros…sino la recuperación de una independencia plena e institucional estructurada en un Estado vasco soberano”.

 

Por cierto, que esta clara postura de Arana choca frontalmente con la mostrada hoy en día por los dos grandes Partidos que se autodenominan abertzales, que aseguran aspirar a integrarse en un Estado plurinacional español, donde sentirse cómodos…pero esto quizá sea tema para el próximo escrito.

 

Y continuando con el tema, me pregunto si ese primitivo Pase Foral, actualizado y dotado de verdadera potencialidad, nos hubiera servido en este candente litigio en torno a las exigencias de euskara en nuestra administración pública y a la lucha encarnizada por parte de determinados sindicatos y judicaturas. Porque resulta que cuando esas instituciones, Ayuntamientos, Diputaciones, Osakidetza, etc. necesitan cubrir determinados puestos de trabajo, consideran qué grado de conocimiento de nuestro idioma propio, nacional, necesitan para realizar su trabajo y atender a los ciudadanos con los que tengan que relacionarse. Cuando algún aspirante a esos puestos de trabajo se considera perjudicado por el nivel de conocimiento asignado a la plaza a que aspira, recurre a los jueces, funcionarios que, teniendo por función la aplicación de las leyes a cada caso concreto, en cualquier sociedad democrática son elegidos por sus propios conciudadanos. Aquí, por ejemplo en la CAV, los jueces dependen del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), cuyos miembros son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, de Madrid, quien a su vez es elegido por las Cortes Generales españolas (Congreso y Senado) y nombrados por el Rey de España. Ninguna participación democrática de nuestros conciudadanos vascos.

 

En multitud de ocasiones el TSJPV ha recurrido y anulado disposiciones y normativas establecidas por Ayuntamientos, Diputaciones o Gobiernos autonómicos. Y cuando los Tribunales Superiores de Justicia de la CAV o de Nafarroa dejan sin efecto un procedimiento selectivo de personal por la “excesiva exigencia del euskera”, el organismo afectado recurre contra el fallo ante el Tribunal Supremo español, en Madrid, cuyos miembros también son seleccionados y propuestos por el CGPJ español, nombrados después por el rey de España y refrendados por el Presidente del Gobierno español. Nuestra ciudadanía sigue sin participar.

 

La última trifulca relacionada con los niveles de euskara exigidos, tiene relación con una OPE que la Diputación de Bizkaia puso en marcha en 2022 para estabilizar 150 plazas de administrativo, para la que se pedía nivel C1 de euskara. Un aspirante recurrió ante un juzgado de 1ª instancia de Bilbao, aduciendo que “demasiadas de las plazas ofertadas tenían algún requerimiento de euskara”, recurso aceptado por el juez en 2024 bajo el argumento de que “los requisitos de euskara que planteaba la OPE nada tenían que ver con la realidad sociolingüística de Bizkaia”. Parece ser que, en opinión de nuestros colonizadores, a peor situación del euskara, menos esfuerzo se debería hacer para su recuperación y expansión.La Diputación recurrió esta sentencia ante el TSJPV, quien volvió a fallar, en 2025, en contra, anulando el concurso al considerar que “el conocimiento de euskara se había sobreponderado al organizar las bases de la prueba, lo que suponía menospreciar a los aspirantes castellanoparlantes”. La Diputación volvió a recurrir, alegando que la OPE se había ajustado a la legalidad y a los requisitos del Plan de euskara vigente, esta vez ante el Tribunal Supremo español, quien desestimó el recurso sin entrar en el fondo del asunto, argumentando al igual que el TSJPV, que la independencia del Ejecutivo foral para establecer el perfil de sus funcionarios, tenía límites, insistiendo en que “fijar perfil lingüístico para las plazas de una OPE no puede comprometer derechos fundamentales de los ciudadanos”. ¿Y no es, acaso, un derecho fundamental de los ciudadanos vascos, recuperar, conservar, potenciar y expandir el uso su idioma nacional, el euskara?

 

Para evitar problemas con los jueces, la Diputación ha rebajado a la mitad las plazas para las que se pide perfil lingüístico, es decir, el requisito de euskara; también se han anulado las OPEs con perfil alto, tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa. Pero al PNV no le han parecido suficientes estas medidas y pretende hacer modificaciones a la Normativa oficial, mientras el PSE se opone a dar pasos a favor del euskara y mira hacia EHBILDU, aunque vota en contra de su propuesta. No obstante, los seguidores de estos últimos se han ofrecido a abstenerse en las votaciones para que la propuesta del PNV salga adelante en el Parlamento de Gasteiz, un acuerdo inédito entre las dos fuerzas abertzales, aunque esta último se mantenga como compañero de viaje de los socialespañolistas y haya votado en contra de la propuesta de EHBILDU. Se trata de una reforma de la Ley de empleo público que introduce el concepto de “preceptividad diferida”, de forma que se reservan plazas en la OPE sin exigir el conocimiento del euskara establecido, con el compromiso de la administración para euskaldunizarles posteriormente, cuando sea necesario. Cada administración determinará que nivel de euskara es necesario…Tres años después, si se ve que los cambios no han dado el resultado buscado, se volverá a tratar sobre el tema entre los dos partidos abertzales. A este acuerdo lo denominan “blindar el euskara en las OPE”. Yo, a todo esto, le llamaría sencillamente claudicar.

 

Pero volviendo al principio, ninguna estrategia, ni blindaje, ni fórmula mágica, será realmente válida mientras los vascos sigamos sometidos y colonizados, los peninsulares por España y los continentales por Francia, mientras la última palabra la tengan las metrópolis coloniales, mientras ellas redacten las leyes básicas, nos impongan sus Constituciones y nombren a nuestros jueces.

 

¿Pase Foral? Buenas serían las tortas a falta de pan, si ese Pase fuera efectivo. Pero la verdad es que Sabino de Arana, en eso, tenía toda la razón cuando aseguraba, como he citado más arriba, que un Estado Vasco soberano e independiente, es el único objetivo cuyo alcance nos garantizará la pervivencia de nuestro idioma el euskara y nuestra libertad nacional. Eso de la “plurinacional en un Estado ajeno” parece un mal chiste. Pero como indicaba más arriba, ese puede ser el tema del próximo panfleto.

 

Begirale

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